El texto sustitutorio propuesto por la Comisión de
Constitución, sobre el dictamen que modifica la Ley de Partidos políticos, será
debatido la próxima semana en el Pleno del Congreso del República. El documento
será presentado por el presidente de la comisión, Fredy Otárola, y propone, entre
otros aspectos, que la Ley 28094, la Ley de Partidos Políticos, pase a llamarse
“Ley de Organizaciones Políticas”, con el fin de incluir también a movimientos
y alianzas.
La normativa establece que las organizaciones políticas
tienen que integrar en su acta de fundación una declaración jurada suscrita por
los fundadores, quienes no podrán estar procesados o condenados por delitos de
tráfico ilícito de drogas o terrorismos.
Dispone, además, la cancelación de la inscripción de la
organización ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), así como el
cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de reinscripción, en caso
incumplan sus obligaciones o se constate una conducta antidemocrática.
De igual forma ocurre por una posible vulneración del estado
constitucional, apoyo a las acciones de grupos terroristas o relacionados con
el narcotráfico, o no participen en dos elecciones generales sucesivas.
La cancelación de inscripción partidaria también está
contemplada si las agrupaciones no logren por lo menos siete representantes al
Congreso en más de un proceso electoral, es decir, 5 por ciento. Mientras en
una alianza electoral el porcentaje debe ser de 2.5 por ciento por cada partido
o movimiento adicionado.
Por otro lado, el texto dispone que para la elección de
candidatos al congreso tres cuartas partes de la plancha debe ser elegida
mediante elecciones internas, en tanto, el 15 por ciento restante será
designada por el partido.
El financiamiento público será otorgado solo a los partidos
políticos y alianzas electorales que obtengan representación en el Congreso,
por cuento el Estado destinará, para el presupuesto del 2017, el equivalente al
0.1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (IUT) por cada voto válido para elegir
representantes al Congreso,
La mitad del financiamiento entregado será utilizado para
desarrollar actividades de formación, capacitación e investigación durante el
quinquenio posterior a la elección, y la otra mitad, para gastos de
funcionamiento.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sería la
encargada de elaborar la propuesta de distribución a los partidos y alianzas,
sobre la base de los resultados de las elecciones generales del 2016, y
presentarla al MEF con la debida antelación.
En cuanto a las sanciones, el texto sustitutorio establece
que si las organizaciones incumplen requisitos relacionados con el
financiamiento pueden ser objeto de una serie de sanciones, entre estas leves,
graves y muy graves.
Las sanciones pueden ser, conforme a la gravedad, desde una
amonestación, multa, devolución del financiamiento recibido y la cancelación
definitiva del financiamiento público, hasta la cancelación de la inscripción
del partido político por el JNE.
FUENTE: El Diario del Cusco.
